La polémica por los desplazamientos aéreos de Juliana Guerrero , la joven funcionaria que saltó a la Casa de Nariño sin experiencia ni títulos, volvió a encender las alarmas en el Gobierno.

La Contraloría General confirmó un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tras verificar que Guerrero usó un avión y un helicóptero oficiales para actividades completamente ajenas a sus funciones.

El organismo comprobó que los trayectos (realizados el 19 y 20 de junio de 2025) no tenían ningún sustento misional . Las aeronaves, autorizadas bajo el Convenio 400-2025, cubrieron las rutas Bogotá–Valledupar y Valledupar–Aguachica–Valledupar, pero la “misión” no estaba relacionada con seguridad, orden público ni labores del Ministerio

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