“Controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde detrás”. La frase, escrita en un mensaje de Whats­App por el entonces portavoz del PP en el Senado a sus compañeros de filas tras alcanzar un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, es algo más que una bravuconada de pasillo. Es la síntesis perfecta de una anomalía institucional que los hechos se empeñan en confirmar. A raíz de esa frase, el acuerdo político embarrancó y el órgano de gobierno de los jueces quedó cinco años con el mandato caducado, hasta el punto de que tuvo que intervenir la Comisión Europea para recordar, con cierta vergüenza ajena, que la separación de poderes no debería ser un concepto exótico en una democracia consolidada. Pero nadie se sonrojó por eso.

Entonces, ¿quién manda en

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