El exministro José Luis Ábalos, quien en el pasado se presentó como un firme defensor de la lucha contra la corrupción, se encuentra ahora en una situación comprometida. Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE, debe comparecer ante el Tribunal Supremo debido a las acusaciones de corrupción que han llevado a su encarcelamiento preventivo. Esta situación ha dejado al Gobierno de Pedro Sánchez en estado de conmoción, ya que el escándalo podría afectar su estabilidad.

Durante su tiempo en el Congreso, Ábalos criticó a los miembros del Partido Popular por casos de corrupción, afirmando: "Nosotros no tenemos ningún caso así". Sin embargo, ahora se enfrenta a serias acusaciones que podrían poner en peligro el Gobierno que ayudó a establecer. Desde el Ejecutivo, se ha intentado minimizar la situación, argumentando que Ábalos fue expulsado del partido hace 20 meses, cuando surgieron los primeros indicios de su implicación en actividades ilícitas.

Pedro Sánchez ha defendido la postura del Gobierno, afirmando que se actuará con "absoluta contundencia ante cualquier atisbo de corrupción". Sin embargo, Ábalos ha comenzado a hacer declaraciones que podrían implicar a otros miembros del Gobierno, sugiriendo que posee información que podría ser perjudicial. Aunque no ha presentado pruebas concretas, ha insinuado que hay detalles ocultos que podrían afectar la imagen del Ejecutivo.

Uno de los puntos más controvertidos es la supuesta reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi, líder de Bildu, para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esta información fue inicialmente revelada por Koldo García, exasesor de Ábalos, quien afirmó que la reunión "existió". Tanto Sánchez como Otegi han desmentido esta afirmación, calificándola de falsa.

Además, Ábalos ha atacado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, sugiriendo que podría estar haciendo un uso irregular de su vivienda oficial. Díaz, quien previamente había criticado a Ábalos, se ha defendido de las acusaciones. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha calificado las declaraciones de Ábalos como "mentiras y bulos", argumentando que son un intento de desviar la atención de su situación legal.

El Gobierno ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Ábalos intente utilizar sus declaraciones como un medio para evitar la cárcel, similar a lo que hizo otro implicado en la trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía ha solicitado penas severas para Ábalos, lo que añade presión sobre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios, quienes se sienten incómodos ante la situación actual.