La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está en la mira de las autoridades judiciales por aparentes irregularidades en la adquisición de predios para cumplir con las metas del Gobierno Petro: entregar 1,5 millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto armado antes de finalizar la administración en agosto de 2026. Los efectos del supuesto afán son estudiados con lupa por juzgados de diferentes regiones de Colombia.

Varias denuncias conocidas por SEMANA advierten que la entidad está adquiriendo de manera directa propiedades bajo la figura de “enajenación temprana de bienes”, un trámite que invocó en 2023 la Casa de Nariño y que fue declarado inexequible, parcialmente, por la Corte Constitucional. Al parecer, lo que negó ese alto tribunal lo estarían materializando funcionarios e

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