Tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos , el bloqueo de Junts a la legislatura y la imposibilidad aritmética del Gobierno para sacar adelante cualquier iniciativa sin sus antiguos aliados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha optado por una estrategia de hibernación política : reducir al mínimo la actividad parlamentaria hasta febrero de 2026 .
El calendario ya está diseñado. Tras el Pleno de esta semana, la actividad del Congreso se limita a una sola sesión más, prevista para la semana del 9 de diciembre . A partir de ahí, se cierra la Cámara Baja hasta la segunda semana de febrero, según publica El Debate .
Objetivo: ganar tiempo
La jugada es clara: evitar el control del Ejecutivo , tanto por parte de la oposición como de los socios que han retirado su apoyo. Con el Congreso cerrado, no habrá sesiones de control, ni votaciones, ni comparecencias que puedan poner en aprietos a los ministros. Tampoco se debatirán mociones, interpelaciones ni proposiciones de ley .
El Gobierno espera así atravesar las turbulentas semanas de diciembre y enero , plagadas de frentes judiciales y escándalos, y llegar a febrero sin más erosión política de la que ya arrastra.
Armengol facilita el bloqueo
La presidenta del Congreso, Francina Armengol , ha sido clave en la ejecución de este plan. El Pleno previsto para la tercera semana de diciembre se ha cancelado con el argumento de las elecciones autonómicas en Extremadura . Una justificación habitual, pero que no ha venido acompañada de una sesión alternativa de compensación, como suele hacerse.
La oposición solicitó formalmente que se habilitara un Pleno extraordinario en la primera semana de diciembre —como sí lo habrá en el Senado—, e incluso una sesión en enero . Pero Armengol rechazó ambas peticiones , consolidando el parón institucional.
Sin control, sin fiscalización
Con este cierre parcial del Parlamento, el Gobierno esquiva una batería de problemas:
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No debe enfrentarse a preguntas incómodas sobre la situación judicial de Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán .
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Evita comparecer por el caso Begoña Gómez , el caso de las mascarillas , las investigaciones sobre la financiación del PSOE o los expedientes de contratos públicos irregulares .
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Gana margen para intentar reconstruir alianzas parlamentarias, aunque hoy por hoy carece de mayoría.
Mientras tanto, Sánchez planea volver a presentar la senda de déficit y deuda pública en el Pleno de diciembre, con el objetivo de cumplir el trámite legal para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 , aun sabiendo que no cuenta con los apoyos para aprobarlos .
Febrero como línea de meta
La hoja de ruta del Gobierno pasa por estirar el tiempo hasta la segunda semana de febrero , momento en que el Consejo de Ministros prevé aprobar las cuentas de 2026 y presentarlas en el Congreso. Ese mes también está previsto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , presente su modelo de financiación autonómica y dé luz verde a la quita de deuda a las comunidades autónomas .
El agua sigue entrando en el barco
No obstante, el entorno de Sánchez es plenamente consciente de que el silencio institucional no impedirá que la presión política y judicial siga aumentando .
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La posibilidad de que Ábalos o Koldo rompan su silencio ante el juez es real.
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Se espera la publicación completa de la sentencia contra el fiscal general Álvaro García Ortiz , aún en funciones.
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El juez Ismael Moreno investiga la contabilidad del PSOE y ha exigido información sobre los pagos en efectivo entre 2017 y 2024 .
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Y siguen su curso los casos que salpican al entorno del Gobierno: Leire Díez , Begoña Gómez , las mascarillas , los hidrocarburos y otros contratos adjudicados bajo estado de emergencia.
La oposición, con el Partido Popular y Vox a la cabeza , insiste en que Sánchez debe convocar elecciones cuanto antes, ante la evidencia de que el Ejecutivo ya no tiene capacidad de legislar. Mientras tanto, Moncloa pisa el freno , esperando que el calendario desgaste las crisis más graves y el tiempo vuelva a jugar a su favor.

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