España se mantiene como uno de los países que más carga fiscal impone al empleo . Según los últimos datos correspondientes a 2024, la cuña fiscal —es decir, la diferencia entre el coste total que asume la empresa por un trabajador y lo que este finalmente recibe en neto— ha escalado hasta el 41 % , muy por encima del promedio de la OCDE , que se sitúa en torno al 35 %. Esta cifra consolida al país entre los quince Estados que más penalizan la creación de empleo , lo que representa una seria traba estructural para su competitividad.

A esta situación se suma un estancamiento persistente de la renta per cápita , que permanece en el 87 % de la media europea desde hace más de tres décadas. Así, el modelo económico español revela una contradicción profunda: fiscalidad de país rico, salarios de país pobre .

Cotizaciones elevadas y coste laboral creciente

Uno de los elementos centrales del problema radica en el peso de las cotizaciones sociales . Desde 2015, la base mínima de cotización ha subido un 75 % , mientras que la base máxima lo ha hecho un 34 % . Además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional —una fórmula aprobada por el actual Ejecutivo para sostener las pensiones futuras— seguirá encareciendo el empleo hasta 2029 .

El resultado es que el coste laboral medio por trabajador supera ya los 3.256 euros mensuales , de los cuales 840 euros corresponden a impuestos y cotizaciones . Esta carga convierte al empleo en una de las principales fuentes de recaudación fiscal del Estado: uno de cada tres euros que ingresan las arcas públicas procede directamente del trabajo.

Pérdida de poder adquisitivo y salarios públicos disparados

En paralelo al aumento de la presión fiscal, los salarios reales siguen sin recuperar el impacto provocado por la inflación de 2021 a 2023 . Con subidas salariales del 2-2,5 % anual , los trabajadores pierden capacidad de compra, lo que reduce el consumo y deteriora la rentabilidad de las empresas.

Además, la brecha salarial entre el sector público y el privado continúa aumentando. Según el Banco de España , el país se sitúa como la segunda economía de la eurozona con mayor diferencia salarial entre ambos sectores: una media del 25 % , que en empleos de baja cualificación puede alcanzar el 29 % . En paralelo, España mantiene un elevado volumen de empleados públicos, cercano a los tres millones , con un gasto proporcionalmente alto respecto a su productividad

Estancamiento estructural y falta de reformas

A todo esto se suma un dato revelador: la productividad apenas crece un 1,7 % anual , mientras los costes laborales unitarios aumentan por encima de ese ritmo. Esta disfunción erosiona la competitividad de la economía española, encareciendo el empleo sin generar mejoras proporcionales en producción ni en salarios.

Los expertos advierten que, sin una reforma fiscal y laboral profunda , España seguirá atrapada en un círculo vicioso de baja productividad, alta fiscalidad y escasa capacidad de generar empleo estable y de calidad . Propuestas como simplificar las cotizaciones , incentivar la productividad y reducir la brecha público-privado son claves si se quiere revertir una tendencia que, de mantenerse, continuará penalizando al conjunto de los trabajadores.