Por Manuel Francisco Lizárraga

En Yucatán, este gobierno se estrenó con una lista de nombramientos que parecían más un reparto de botín que una apuesta por la capacidad.

Los cargos se entregaron como pago de favores políticos, sin revisar perfiles, trayectorias, antecedentes ni calidad humana. Y hoy ese modelo está pasando la factura.

El caso de Roger Aguilar Arroyo lo deja al desnudo. Lo colocaron al frente de un instituto que, en teoría, debe profesionalizar ayuntamientos, fortalecer gobiernos municipales, impulsar desarrollo económico, ordenar el territorio, integrar la Agenda 2030 y vincular a la ciudadanía con la administración pública. Su deber es elevar el estándar de gestión y ser referente técnico.

Pero el puesto terminó en manos de alguien que representa lo contrario: un

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