La Fiscalía encendió este lunes un nuevo capítulo del escándalo en la UNGRD al imputar a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a quienes acusa de liderar un “pacto criminal” que habría direccionado millonarios contratos a cambio de apoyo político en el Congreso. Ambos rechazaron todos los cargos.

Según la fiscal del caso, los exfuncionarios habrían articulado, junto con otros miembros del Gobierno y varios congresistas, un esquema para priorizar proyectos en Invías y la UNGRD por más de $612.000 millones, con el fin de asegurar mayorías para las reformas del Ejecutivo. La declaración de la exasesora María Alejandra Benavides —beneficiada con un principio de oportunidad— se convirtió en la pieza clave que vinculó directamente a Bonilla y Velasco.

Bonilla asistió de form

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