La fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza, se pronunció sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que podría suspender temporalmente su reposición en el cargo de fiscal de la Nación. En declaraciones a Canal N, Espinoza afirmó que no ha recibido notificación oficial sobre la resolución y criticó las filtraciones en redes sociales y medios de comunicación antes de que la información sea comunicada por canales institucionales. Espinoza enfatizó que la falta de notificación formal afecta la seguridad jurídica y la transparencia institucional. "No está nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional, lo cual es una práctica que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema", afirmó. La fiscal suspendida consideró que, si se confirma la medida del TC, sería lamentable, ya que interferiría en un asunto de derechos fundamentales. Según ella, la jurisprudencia previa del TC establece que su intervención solo es válida cuando están comprometidos derechos fundamentales, sin interferencia por cuestiones de competencia institucional. Espinoza recordó que el año pasado, el TC se pronunció sobre este tema. Desde su perspectiva, el fallo del juez Juan Torres Tasso, que dispuso su reposición, tenía como objetivo proteger sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la decisión del Tribunal sería una intromisión en garantías constitucionales. Además, Espinoza criticó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), afirmando que actúa "como juez y parte" en el proceso que la apartó. "Lo que sucede es que estaría, en todo caso, prevaricando el Tribunal Constitucional. Estaría prevaricando porque estaría generando una discusión sobre temas competenciales que en el fondo no lo son", mencionó. En cuanto a los pasos procesales a seguir, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, indicó que mantendrán una estrategia cauta y expectante hasta recibir la notificación formal de la resolución del TC. Pérez explicó que buscarán que el juez garantice su fallo y, una vez superado el plazo para la reincorporación, solicitarán ejecutar la resolución judicial. "Lo que tendría que buscarse es que el juez haga valer su fallo. Primero habría que conocer la resolución del Tribunal Constitucional. En qué sentido se está pronunciando en este caso concreto", puntualizó Pérez. El abogado también cuestionó la coherencia del TC al comparar la situación de Espinoza con la de otros fiscales supremos que sí fueron reincorporados a la Junta de Fiscales Supremos por decisiones judiciales de amparo. La defensa de Espinoza confirmó su asistencia ante el Congreso de la República. Pérez destacó que, además de la notificación reciente por el caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, existe otra denuncia sobre el denominado caso "doble sueldo", en el que Espinoza acusó cobros irregulares de congresistas y por el que se evalúa su inhabilitación por diez años. Espinoza rechazó la acusación principal, asegurando no haber firmado ni participado en la elaboración del reglamento cuestionado. Criticó la premura del Congreso en su proceso, enfatizando que, mientras a ella se le acusa y se recomienda la inhabilitación, otros fiscales involucrados no enfrentan la misma sanción. "A la que no hizo nada, la que no firmó... le quieren inhabilitar. Es obviamente una movida política, una movida... de venganza, de revancha, porque yo he venido presentando importantes denuncias constitucionales e investigaciones graves contra varios altos funcionarios", declaró en Canal N.