Roger Edgar Grant se ha convertido en el primer imputado en la causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en responder a las preguntas de la Justicia. La investigación lo señala como el ejecutor de maniobras de corrupción desde su puesto en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud. En su defensa, Grant afirmó que “solo cumplía órdenes” de su superior, Daniel María Garbellini.

El lunes por la tarde, Grant compareció ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py. Como coordinador de Gestión de Urgencias de la ANDIS, era responsable de la administración de las compras de medicamentos a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS). Según la acusación, desde su cargo, Grant facilitó el direccionamiento de fondos estatales hacia ciertas droguerías.

Grant y Garbellini tienen una relación laboral que se remonta a su tiempo en la obra social OSPSIP, donde trabajaron juntos. La investigación también sugiere que Garbellini actuaba bajo las órdenes de Pablo Atchabahian, quien fue su superior durante la gestión de Cambiemos y actualmente está detenido, señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete.

El fiscal Picardi presentó evidencia de que Grant estaba al tanto de qué empresas participarían en cada compulsa de precios. Además, controlaba los tiempos de los procesos de compra y daba instrucciones sobre qué droguerías debían ser dadas de alta o baja en el sistema. “Lo consultaba todo con Garbellini”, insistió Grant durante su declaración.

La acusación sostiene que, mientras en las licitaciones abiertas se invitaba a competir a unas 15 droguerías, en las compulsas “reducidas” solo participaban cuatro oferentes que mantenían vínculos personales y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS. Esta “fragmentación artificial” de las compras se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), esenciales para tratamientos prolongados de la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.

En las 21 compulsas de medicamentos realizadas bajo este esquema, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, lo que representó un gasto de $30.337.220.919,77. Grant, según la acusación, ejecutó estos movimientos bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, incumpliendo normativas vigentes y estableciendo sobreprecios que perjudicaron al Estado.

Durante los allanamientos, se halló un indicio de vinculación directa entre Grant y Miguel Ángel Calvete. El nombre de Grant apareció en uno de los cuadernos de Calvete, en una anotación que decía “llamar” y mencionaba a “Roger por precios”. En otra conversación, Calvete se comunicó con Lorena Di Giorno, otra ex funcionaria de ANDIS acusada, preguntándole qué elementos le habían secuestrado a Grant durante el procedimiento.

Las indagatorias continúan, y de las primeras 15 ordenadas por el juez Casanello, ya se han llevado a cabo varias, con la posibilidad de que se realicen más en el futuro.