El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería José Manuel Rey Bellot será el encargado de llevar la investigación del caso 'Mascarillas' que indaga sobre el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines. La Audiencia Provincial ha aceptado la abstención solicitada por María Belén López, la jueza que instruía hasta ahora el caso, por la “amistad” muy cercana que, según fuentes judiciales, le une a la familia del Presidente de la Diputación, ya formalmente investigado junto a un hermano y una hermana tras los hallazgos recientes de la UCO.

Fuentes judiciales confirman a elDiario.es la asignación del caso a este juez instructor tras el reparto llevado a cabo después de que la Sección Segunda de la Audiencia de Almería viera “justificada” la causa de abstención por “amistad íntima” alegada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, para apartarse del caso.

La jueza solicitó la abstención nada más reincorporarse a su plaza la semana pasada tras un año de baja. Anteriormente, la jueza había tenido varios periodos de baja intermitente. La causa empezó a instruirse en 2021 y recayó en el juzgado, que ya dirigía López, en febrero de 2022, pero se amplió con nuevos investigados durante el periodo en el que Eduardo Martínez Gamero ejerció como juez sustituto.

Entre los nuevos investigados que destaca Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación Provincial y del PP de Almería, y dos de sus hermanos. La relación con ellos es la que motiva ahora la abstención de la jueza.

Los hermanos García no estaban formalmente investigados en la primera fase, que instruyó la jueza, pero en esos primeros meses (febrero de 2022) la atención sí se centraba en un contrato para el suministro de material sanitario adjudicado de urgencia por la Diputación Provincial de Almería, que ya presidía García. Y el propio García, como presidente de la Diputación, fue el firmante del Decreto para la compra del material.

Por orden del juez sustituto Martínez Gamero, la UCO registró hace algo más de una semana el domicilio y el despacho de Javier Aureliano en la Diputación, donde encontraron un documento donde clasificaba “Ingresos declarados y cobrados en efectivo”. Uno de los indicios contra el presidente de la Diputación es la cantidad de dinero en efectivo que manejaba para pagar operaciones inmobiliarias, cuotas de hipoteca o viajes de placer. La UCO también registró la vivienda de su hermana, en cuya despensa halló una caja fuerte con un sobre con 7.260 euros “de Javier Aureliano”. Ella atribuyó la procedencia de este dinero en metálico al cobro de alquileres.

Asimismo, la UCO ha intervenido las comunicaciones del expresidente, a quien atribuye indiciariamente una participación en el cobro de mordidas que deduce de, entre otros indicios, el uso de un lenguaje en clave para referirse a estos presuntos sobornos. Así, los investigados hablarían de dientes, dentaduras y “piñata” sin motivo aparente, y a veces justo tras hablar de adjudicaciones públicas. Un indicio “demoledor” para el juez sustituto.

Nuevo juez

Tras la abstención de López, la causa será instruida por José Manuel Rey Bellot. Ya ha instruido casos con relevancia política. Por ejemplo, fue el magistrado encargado de instruir la causa que ha acabado recientemente con la condena a cinco años y seis meses de inhabilitación para el exvicepresidente socialista de la Diputación Luis Pérez, quien cumple una pena de siete años y diez meses de prisión por el caso 'Facturas'.

En todo caso, la causa seguirá adscrita al Juzgado de Instrucción número 1. La Audiencia ordena en su auto a la magistrada abstenida dictar una resolución apartándose definitivamente del asunto y remitir las actuaciones al juez del órgano sustituto, así como comunicar a las partes la citada abstención.

Aunque la causa se suspendió, en el sentido de que la juez no podía acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre la misma, se han continuado con las diligencias ordenadas por Martínez Gamero a partir del auto de entrada y registro que se ejecutó el pasado 18 de noviembre, en el que además se hacían varios requerimientos de información y se autorizaba el 'volcado' de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos.