La reciente inhabilitación por diez años de Delia Espinoza motivó el debate sobre los límites del control político que ejerce el Congreso sobre altos funcionarios. Independiente a las posturas frente al accionar y capacidad de la suspendida fiscal de la Nación, lo cierto es que los argumentos por los que fue impedida de ejercer la función pública son sumamente cuestionables. Sobre todo al ser la única sancionada por ello, siendo el propio fiscal de la Nación titular de entonces absuelto, lo que refuerza intereses políticos detrás de la medida.

El caso ha generado comparaciones inevitables con el proceso seguido contra Zoraida Ávalos, quien logró que el Poder Judicial anulara su sanción y ordenara su reincorporación. ¿Tendrá el mismo destino Delia Espinoza? Para el abogado

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