En 2012 entró en vigencia la ley que fija una cuota laboral para personas con discapacidad en el Perú , la cual aún tiene grietas estructurales que impide su cumplimiento real.

En nuestro mercado solo las empresas con planes consolidados, más por convicción que por obligación, según Garrigues han logrado traducir la norma en prácticas efectivas; mientras que para el resto de organizaciones, sigue funcionando como un requisito administrativo más que como un componente de competitividad y cultura.

El principal problema no reside en la cuota en sí, sino en el enfoque con el que se aplicó. Franco Muschi, socio de derecho laboral de Garruigues, advierte que al centrarse en un número mínimo de contrataciones, la legislación dejó en segundo plano aspectos esenciales: accesibilidad en los cent

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