Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, anunció en Chorrillos su plan de implementar un "shock de cincuenta leyes" si gana las elecciones de 2026. Su objetivo es transformar la estructura del Estado peruano en un plazo de seis meses. Durante un encuentro con sus seguidores, López Aliaga advirtió a los futuros congresistas: "Si no se aprueba (su paquete de 50 leyes), se van a su casa. Para eso está el voto popular". Sin embargo, esta amenaza de disolver el Parlamento en caso de bloqueo legislativo sería inconstitucional, ya que no está permitido por la normativa vigente desde 2021.

López Aliaga, acompañado por Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia, y Roberto Pizarro, coordinador distrital, anunció que presentará este paquete legislativo el 28 de julio como cuestión de confianza. Sin embargo, esta estrategia ha sido limitada por la Ley 31355, que prohíbe el uso de cuestiones de confianza para impulsar la aprobación de leyes. En 2022, un proyecto para derogar esta ley fue archivado por el Congreso.

El plan de López Aliaga incluye la reducción de ministerios de diecinueve a seis, con el fin de hacer al Estado más eficiente y austero. También propone un programa de compra de renuncias para reducir la planilla pública, destinando los recursos a inversiones prioritarias. En cuanto al manejo del presupuesto nacional, su propuesta es dividir el gasto público en partes iguales entre inversión y gasto corriente, eliminando "consultorías, asesorías y contratos innecesarios".

En el ámbito de la seguridad ciudadana, López Aliaga anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en inteligencia policial. Este monto se destinaría a modernizar las fuerzas del orden con tecnología avanzada. Además, propuso medidas contra la venta ilegal de chips telefónicos y el mercado negro de celulares robados, aunque la venta ambulatoria de chips ya es ilegal desde la modificación del Código Penal en septiembre.

Otras propuestas incluyen la restitución de jueces sin rostro y la protección total para magistrados y fiscales. Sin embargo, esta medida podría contradecir normas internacionales. López Aliaga también sugirió penas de cadena perpetua para delitos graves, aunque estas ya están contempladas en la Ley 32446, promulgada recientemente. Además, propuso trasladar a los cabecillas del "terrorismo urbano" a colonias de trabajo en la selva y la expulsión de delincuentes extranjeros, afirmando: "Los ilegales se van. El Perú se respeta. Bienvenido el que venga legal".