La digitalización acelerada de la administración pública y de los servicios bancarios es una necesidad, pero no puede convertirse en un muro de exclusión para la población mayor. El cierre de oficinas y la obligatoriedad de los trámites online están generando una nueva forma de desigualdad social en toda España .

Los datos demuestran la urgencia de actuar, ya que aproximadamente el 40% de las personas mayores de 65 años en España no ha utilizado internet en los últimos tres meses, según el INE. Esta brecha digital impide el acceso autónomo a citas médicas, pensiones o gestiones bancarias básicas, forzando a nuestros mayores a depender constantemente de terceros.

Es un problema de dignidad y de derechos . Instamos a las instituciones y a las empresas de servicios esenciales a garanti

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