El Gobierno nacional evalúa por estas semanas una decisión que podría redefinir el mapa de las inversiones privadas en el país: la posibilidad de extender por un año el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La herramienta, uno de los pilares económicos de la actual administración, podría mantenerse vigente más allá del plazo original mediante un decreto presidencial que se encuentra en estudio y que sería anunciado durante el verano.

La alternativa de ampliar la ventana de adhesión no surge de la nada. Desde el sector minero, donde el RIGI mostró su impacto más inmediato, insisten en que los tiempos del régimen no se ajustan a los ritmos reales de los desarrollos extractivos. Los proyectos mineros requieren estudios, permisos y etapas técnicas que no avanzan con la veloci

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