El Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros comenzó en 1977 después de que el Congreso aprobara la legislación habilitante (18 USC 4100-4115) y el Gobierno Federal negociara el primero de una serie de tratados para permitir la transferencia de prisioneros desde países donde habían sido condenados por delitos a sus países de origen. Tras la transferencia, el país de origen o receptor asume la responsabilidad de administrar la sentencia transferida. El programa de transferencia tiene como objetivo facilitar la rehabilitación de los delincuentes transferidos y aliviar algunos de los problemas administrativos y diplomáticos que surgen con el encarcelamiento de extranjeros. Además de los prisioneros extranjeros bajo custodia federal y los estadounidenses condenados en el extranjer

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