Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) se ha sumado a las críticas que desde el Gobierno, los partidos de izquierda y la Unión Progresista de Fiscales se dirigen contra el Tribunal Supremo tras hacer pública la sentencia que condena a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz y que ha forzado el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado asegura que la Sala Segunda ha extendido "la noción de dato reservado" para poder condenarlo, lo que genera "una evidente inseguridad para todas las instituciones y responsables públicos que, en cumplimiento de su función, deban facilitar información veraz a la ciudadanía sobre asuntos de relevancia pública".

Tras manifestar que siempre ha mantenido "una posición de respeto institucional hacia las resoluciones", da

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