BUENOS AIRES (AP) — El presidente ultraliberal Javier Milei envió el jueves al Congreso argentino un proyecto de reforma laboral con el que busca una transformación radical del mercado de trabajo que considera obsoleto, que ha puesto en pie de guerra al peronismo opositor y a la principal central sindical del país.

Milei firmó el proyecto de Ley de Modernización Laboral y el gobierno anunció que la iniciativa fue remitida al Senado, la primera cámara que lo tratará durante el periodo de sesiones extraordinarias que comenzó la víspera y se extenderá, en principio, hasta fin de año.

El mandatario, un economista que viene aplicando desde su llegada al poder a fines de 2023 políticas de ajuste económico y reformas en distintos ámbitos, impulsa una serie de cambios en el mercado laboral en momentos en que su partido, La Libertad Avanza, se ha empoderado en el Parlamento luego de las elecciones de mitad de mandato del 26 de octubre en las que los argentinos respaldaron su gestión.

La iniciativa “representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en un posteo en X en el que aparece en una imagen junto a Milei, que está firmando la iniciativa.

El bloque peronista y la Confederación General del Trabajo (CGT) —la mayor central sindical— acordaron trabajar en una estrategia conjunta para bloquear el proyecto, al cuestionar, entre otros aspectos, que la iniciativa posibilita el abaratamiento de los despidos.

La CGT resolvió una manifestación de rechazo para el 18 de diciembre en Buenos Aires. “Comienza una etapa de resistencia”, dijo Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción y uno de los directivos de la central sindical.

El proyecto redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldos (dos sueldos extras al año) y premios y fija límites a las indemnizaciones. Para costearlas, los empleadores podrán establecer un Fondo de Asistencia Laboral que se integra con un aporte equivalente a 3 puntos porcentuales de la masa salarial. A su vez, las empresas reducirán sus contribuciones al sistema jubilatorio estatal por el mismo porcentaje.

La iniciativa habilita pagos a los trabajadores por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa. En cuanto al salario "debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos”, eliminando el actual límite que hay para este último ítem.

En cuanto al derecho de huelga, se reafirma el marco establecido por un decreto de Milei de 2023 estableciendo "límites en los servicios esenciales y en aquellas actividades calificadas como de importancia trascendental” como las relacionadas con la educación y la salud.

Sindicatos como la Asociación de Personal de los Organismos de Control denunciaron que el proyecto va en contra de la actividad y representación sindical al limitar, entre otros derechos, la organización de asambleas en los lugares de trabajo.

Al describir los alcances de la iniciativa el gobierno indicó que pretende deja atrás un modelo laboral obsoleto y avanzar hacia un sistema que genere más empleo formal. "Millones de argentinos han sido expulsados del sistema y enfrentan enormes dificultades para acceder a un empleo estable y registrado”.

La tasa de informalidad laboral en Argentina es de 43,2%, según los últimos datos oficiales conocidos.

El gobierno cuestionó además los “altos costos derivados de la litigiosidad” imperantes, en referencia a los largos juicios laborales en la justicia, y que las “reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida” han frenado la creación de empleo registrado, afectando especialmente a jóvenes y pequeñas y medianas empresas.

Acotó que la iniciativa pretende, entre otras cosas, simplificar la registración laboral, "precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones y modernizar licencias y procedimientos".

Exhortó además a que el Parlamento le dé un tratamiento rápido. El oficialismo deberá sumar el apoyo de fuerzas aliadas conservadoras en ambas cámaras. En el Senado —de 72 integrantes— el oficialismo amplió de 7 a 20 los miembros de su bancada. En la Cámara de Diputados suma 95 legisladores, siendo así la primera minoría en el cuerpo de 257 miembros.