El futuro judicial de José Luis Ábalos, ya de por sí sombrío frente a la primera petición de 24 años de cárcel por el 'caso ... mascarillas', se vuelve todavía más oscuro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del llamado 'caso hidrocarburos' en el que el principal imputado es Víctor de Aldama, un informe que señala que la intervención del exministro fue clave para que el Gobierno le diera a la operadora Villafuel la licencia para operar a pesar de que no cumplía los requisitos, entre ellas la condición 'sine qua non' de tener tres millones de euros de «recursos propios».
Según el instituto armado, De Aldama y sus socios «compraron la voluntad» del exministro con un millón de euros. Ese dinero, se

El Comercio

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