La incertidumbre crece en Lima y Callao a pocos días de que venza el plazo otorgado por el gremio de transportistas al gobierno para exigir un plan concreto contra la inseguridad. El martes 16 de diciembr e concluyen los siete días hábiles que establecieron representantes de los conductores formales , principalmente de los conos de Lima , para aguardar respuestas del gobierno interino de José Jerí .

En juego está la posibilidad de que se concrete un paro de 48 horas que pondría a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades ante el persistente reclamo del sector contra la ola delictiva.

Empresas y asociaciones de transporte urbano , nucleadas principalmente en los conos capitalinos, denuncian que la ola de extorsiones y violencia los obliga a modificar sus rutinas y asumir gastos inesperados solo para proteger a choferes y usuarios.

Como reportó 24 Horas , Martín Ojeda —representante del gremio Transportes Unidos— advirtió que, si el Ejecutivo no ofrece respuestas claras tras la reunión pautada para el próximo martes por la tarde, el paro podría activarse en cualquier momento. No se descarta que inicie a partir del miércoles 17 de diciembre , aunque también podría ser un día posterior a esa fecha.

“Nosotros no hemos nacido para hacer paros, pero tampoco hemos nacido para transportar bajo el riesgo de la vida por sicarios . Que lo tengan claro”, afirmó Ojeda en declaraciones recogidas por el medio.

Además, el dirigente argumentó que estas medidas no solo buscan preservar la integridad de los trabajadores y pasajeros, sino que son una consecuencia de la omisión de los tres poderes del Estado para garantizar el libre tránsito y la seguridad en el transporte.

Desde hace semanas, las redes y los propios conductores alertan sobre los peligros crecientes y piden intervención directa. “Si Transportes Unidos considera que el día martes a las cuatro con los poderes del Estado no se está llevando como debiera de ser, sin una respuesta concreta, básica para mejorar esto, lógicamente que la decisión va a ser un paro”, insistió Ojeda.

Medidas de protección

La evidencia del deterioro de la seguridad se refleja en las soluciones adoptadas por empresas como Vipusa , en el distrito de Ancón. Según reportó Buenos Días Perú , el sesenta por ciento de la flota de esta compañía circula con cabinas cerradas, puertas metálicas y ventanas reforzadas.

“La protección incluye también placas adicionales en las ventanas y zonas críticas del habitáculo”, describió el personal consultado por el medio, aludiendo a una transformación radical de los buses urbanos en solo unos meses.

Otra medida se ha convertido en práctica habitual: el uso de chalecos antibalas por parte de conductores y cobradores. Los trabajadores relatan que vestir esta indumentaria se ha vuelto parte indivisible de la jornada, obligados por la constante amenaza de la delincuencia armada.

“El uso del chaleco representa una protección extra pero también un desafío, especialmente ante las altas temperaturas”, señalaron.

El costo de protegerse

El despliegue de blindaje, cerrado de cabinas y refuerzo de puertas no resulta un lujo, sino una inversión crucial para la supervivencia en el sector. Los representantes de Vipusa confirman que cada bus blindado ha significado una erogación promedio de S/3.000 por unidad , inversión cubierta íntegramente por la empresa, según su propia versión transmitida en Buenos Días Perú .

Por el momento, ese gasto no ha sido trasladado al usuario, aunque reconocen que cualquier variación al alza dependerá de la evolución de sus finanzas internas y del contexto económico de los pasajeros.

Expectativa ante el plazo

El plazo de una semana para que el gobierno interino de José Jerí presente una solución expira la tarde del martes 16 de diciembre. No existe seguridad plena de que la paralización de 48 horas se concretará exactamente el 17 de diciembre, aunque, como precisó 24 Horas , no se descarta un anuncio inmediato de acatamiento ese mismo martes, ya sea para el día siguiente o en fechas próximas.

Los transportistas aguardan reunidos, mientras crecen las presiones desde distintos sectores ante la inacción estatal y la escalada de extorsiones en rutas clave de la capital.

Las acciones tomadas por gremios como Transportes Unidos y empresas como Vipusa han comenzado a replicarse en otras firmas del transporte urbano. El sector, a la espera de respuestas oficiales, prioriza la seguridad e instala nuevas reglas de funcionamiento bajo la sombra de la amenaza criminal. La posibilidad de un paro masivo se mantiene latente, a solo días de que se venza el ultimátum planteado colectivamente ante el gobierno y a poco para la celebración de Navidad .