La declaración de ilegalidad y nulidad del consejo de guerra que condenó a muerte a Angel Otaegi, a Juan Paredes Txiki y a tres miembros de los FRAP debe actuar como un baldón para fijar la ilegitimidad del franquismo, tanto en su origen como en su manera de ejercer el poder. Un régimen nacido de un golpe de Estado y sostenido en la represión nunca fue un Estado de derecho, por mucho barniz institucional y cuerpo legislativo con el que pretendiera homologarse en el exterior.El documento del Gobierno español oficializado ayer, reconoce que aquellos consejos de guerra vulneraron “las más elementales exigencias de un juicio justo”, con intimidación e indefensión de los acusados.

El juicio a Txiki y Otaegi fue una pantomima que no respetó siquiera los propios procedimientos que se definí

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