Las conclusiones que hizo la Corte Constitucional tras revisar los avances del cumplimiento de la Sentencia T-388 de 2013 que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano son alarmantes.

La ponencia del magistrado Jorge Ibañez, centrada en la situación de Antioquia y Santander, arroja un panorama crítico que sigue burlando los mínimos parámetros de dignidad humana en centros carcelarios y de detención transitoria. Según el documento, la Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación , allegó a la Corte un informe en el que se consignan los graves hallazgos en materia de salubridad, por lo cual existe un riesgo actual y severo de propagación de enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis.

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