Promovida por defensores de genocidas como la propia vicepresidenta Villarruel, la causa apunta a llevar a juicio a militantes de los años '70. “Buscan garantizar la impunidad de los genocidas y otorgar beneficios a quienes ya fueron condenados”, advirtió la abogada Myriam Bregman en su intervención.

La Cámara Federal de Casación Penal realizó una audiencia para evaluar el avance en la causa iniciada en 2009, sobre la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), adjudicada a la organización Montoneros.

Hace un año, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura del caso, impulsado por defensores de los genocidas: desde la propia vicepresidenta Victoria Villarruel hasta un represor condenado a prisión perpetua, Eduardo Kalinec. Un

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