La Secretaría General de Consumo ha rechazado las alegaciones de Alquiler Seguro y confirma la sanción de 3,6 millones de euros a la compañía por seis infracciones muy graves y una más calificada como grave. Según ha avanzado este viernes la organización de consumidores Facua, personada en el procedimiento, desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha desestimado las trece alegaciones presentadas por la empresa.

En un comunicado, Facua, que denunció a Alquiler Seguro, indica que entre las prácticas fraudulentas detectadas están “la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino , que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar, que compete al arrendador, y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.

La decisión de la Secretaría General de Consumo supone la confirmación de la sanción por las siete infracciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, todavía no es el final de un proceso que comenzó ya en 2023, porque la compañía tiene aún la posibilidad de presentar un recurso de alzada ante el ministro, Pablo Bustinduy.

Alquiler Seguro dispone de un plazo de 30 días para presentar estas nuevas alegaciones, a las que el ministerio deberá responder en un plazo máximo de tres meses. En caso de una respuesta negativa, la sanción se haría efectiva. Desde el Ministerio de Consumo han declinado comentar la resolución de la Secretaría General.

El Ministerio de Consumo anunció a finales de marzo la apertura de un  expediente sancionador , pero nunca ha mencionado a ninguna empresa concreta para proteger las actuaciones. En aquel momento, se refirió a “una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional”. De hecho, fue la propia Alquiler Seguro quien reconoció haber recibido ese expediente que debían “analizar”, según indicó en una rueda de prensa el CEO de la compañía, David Caraballo, quien defendió que la empresa cumplía la norma “a rajatabla”.