México enfrenta una oleada creciente de incidentes de ciberseguridad que exponen fallas estructurales en los sistemas informáticos de gobiernos estatales y municipales. Filtraciones de bases de datos , hackeos con fines de extorsión y ataques de ransomware contra instituciones públicas revelan que la infraestructura digital gubernamental opera con vulnerabilidades profundas. E

n este contexto, diversas voces especializadas advierten que la falta de controles técnicos y normativos abre la puerta a que información sensible acabe en manos de grupos criminales.

Es así que los incidentes registrados recientemente ilustran un patrón: fallas básicas de configuración, ausencia de mantenimiento, capacitación insuficiente y un marco legal incompleto que no define obligaciones claras para prev

See Full Page