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El gobierno de Puerto Rico dio ayer un paso definitivo para empujar la salida de LUMA Energy como operador del sistema de transmisión y distribución de energía, cuando presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicitando que se declare nulo el contrato con el consorcio por entender que en el 2022 se extendió de forma ilegal.

De forma paralela, se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, conocido como certificación intrajurisdiccional, para que el máximo foro acoja o asuma jurisdicción sobre el pleito, dado el alto interés público que representa la controversia.

La demanda expone que el gobierno y LUMA pactaron un contrato de una compensación fija de $70 millones con posibles incentivos adicionales sujetos al cumplimiento de métricas, que entrarí

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