La Fiscalía General de la Nación avanza en la desarticulación de una red criminal dedicada a la extracción ilegal de oro en el noreste y el Bajo Cauca antioqueño, una organización que habría pagado a funcionarios públicos y grupos armados para garantizar la continuidad de sus operaciones ilícitas.

El valor de los bienes vinculados a esta estructura supera los $373.000.000.000, según estimaciones oficiales, lo que revela la magnitud del impacto económico y social de sus actividades.

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Cinco presuntos articuladores de la organización fueron capturados y judicializados. Entre ellos figura María Consuelo Jiménez Salazar, señalada como responsable de administrar el dinero proveniente de la actividad ilegal y de coordi

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