Una queja por presunto acoso laboral llegó al Congreso. Persisten los choques entre magistrados tras siete años de falsa armonía.

En mayo de 2019 aún faltaban quince meses para que la Corte Suprema de Justicia ordenara detener al expresidente Álvaro Uribe. La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que funcionaba desde octubre de 2018, investigaba al exmandatario por manipulación de testigos.

Unánimemente —cinco magistrados, integrantes de una sala en la que solo hay una togada—, la Sala aprobó una recusación del senador Iván Cepeda, entonces víctima en el proceso, y apartó a la magistrada Cristina Lombana de la investigación, que encabezaba el magistrado César Reyes Medina.

Desde entonces, la efigie de Lombana ha representado las más duras tensiones del órgano encargado de proc

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