Rosalis Hernández, una aborigen warao de la comunidad de Janokojido en Tucupita, denunció a su vecina Juana Ochoa y sus dos hijos mayores de edad, porque tendrían amenazados a su familia en una pugna por terreno.

Hernández expresó que el Instituto Nacional de Tierra recientemente arribó a esa comunidad warao para resolver el conflicto, determinando dicho terreno a partes iguales para cada familia.

No obstante, los hijos de la señora Juana Ochoa no habrían quedado conformes y recurrieron a adueñarse de toda la parcela, amenazando de muerte a la familia Hernández, quienes sí poseen documentos legales de ese terreno, según versión de Hernández.

De igual forma denunció a Sergio González y José Hernández, porque serían los que los tienen amenazados, mostrándoles armas como chopo, cuchillo y

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