La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general.

El Ejecutivo comunitario da ahora dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.

Al respecto, fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles, entre ellos Europa Press, que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, e

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