El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un paso significativo hacia la consolidación de su poder al aprobar una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Esta decisión fue tomada por su partido, que controla la Asamblea Legislativa, y se produce en un contexto de creciente preocupación por la deriva autoritaria de su gobierno. Bukele, quien asumió la presidencia en 2019, ya se encuentra en su segundo mandato tras una controvertida reinterpretación de la Constitución que le permitió presentarse nuevamente a las elecciones el año pasado.

Aunque Bukele no ha confirmado oficialmente sus intenciones de buscar un tercer mandato, su vicepresidente, Félix Ulloa, insinuó que no se descarta esta posibilidad. "En política no hay nada escrito en piedra, todo es posible", afirmó en una entrevista con Univision Noticias. Por su parte, Bukele defendió la reforma, argumentando que las críticas provienen de la percepción de que El Salvador es un país "pequeño y pobre" y que la reelección indefinida no significa el "fin de la democracia".

Sin embargo, analistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación. Bessy Ríos, analista política salvadoreña, comentó que "los sorprendidos son los que aún guardaban esperanza de que el país no seguiría avanzando hacia la consolidación absoluta del poder". La ONG Cristosal, que recientemente cerró sus operaciones en el país, calificó la reforma como "el tiro de gracia a la democracia en El Salvador". En un comunicado, la organización advirtió que esta medida no devuelve el poder al pueblo, sino que lo entrega sin límites a la familia gobernante.

A pesar de las críticas, Bukele mantiene una alta popularidad entre la población, en parte gracias a su éxito en reducir la violencia en el país. Sin embargo, su gobierno ha sido objeto de numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos, especialmente en el contexto de un régimen de excepción que ha estado vigente durante más de tres años. En un discurso, Bukele expresó: "Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten a salvadoreños por la calle".

La represión de voces críticas también ha aumentado. Ruth López, abogada de derechos humanos, ha estado en prisión desde mayo por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que el abogado constitucionalista Enrique Anaya fue detenido por supuesto lavado de dinero. Ríos advirtió que el deterioro de los derechos humanos en El Salvador es "galopante" y que cada semana se debilita la protección a los defensores de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por estas detenciones, sugiriendo que podrían ser represalias por las actividades de defensa de derechos humanos. La CIDH instó al Estado a abstenerse de utilizar el derecho penal para intimidar o castigar a quienes defienden los derechos humanos.