El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha presentado una denuncia penal por presunto espionaje ilegal en su contra. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, bajo la dirección del juez Alejo Ramos Padilla. Este acto legal surge tras la filtración de un informe que detalla seguimientos a figuras políticas, sociales y sindicales en las semanas previas al cierre de alianzas electorales.

La denuncia de Kicillof se basa en un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, publicado en el diario La Nación, que menciona un documento titulado “Hechos Previstos 09JUL25”. Este informe revela que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) habría monitoreado manifestaciones, protestas y movimientos de figuras como Sergio Massa y Máximo Kirchner, así como del propio Kicillof. En su presentación, el gobernador expresó: “No conozco más detalles de lo sucedido. Pero el contenido de esa noticia y la gravedad de lo presuntamente ocurrido me imponen formular esta denuncia para que se investigue”.

Kicillof solicita que se inicie un sumario para identificar a los responsables de estos actos, que podrían constituir delitos de acción pública. La causa ha sido asignada al juez Alejo Ramos Padilla, quien tiene experiencia en casos de espionaje ilegal, habiendo destapado anteriormente una red de inteligencia clandestina.

Además de la denuncia de Kicillof, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma también han presentado quejas en los tribunales, acusando al gobierno del presidente Javier Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, de acciones ilegales. Estas organizaciones sostienen que la vigilancia no responde a necesidades de seguridad nacional, sino a objetivos políticos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también ha denunciado a Neiffert y al Director de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, por abuso de autoridad, argumentando que el nuevo Plan de Inteligencia Nacional permite actividades prohibidas, como el monitoreo de grupos sociales vulnerables.

El escándalo se intensifica con la revelación de que la SIDE firmó un contrato con la empresa estadounidense Tactic Global LLC, lo que ha generado preocupación sobre la legalidad de estas acciones. El contrato, que lleva la firma de Neiffert, establece un vínculo con el gobierno de Estados Unidos, lo que es considerado inusual.

El documento que desató la controversia fue elaborado en el contexto de eventos sociales y políticos programados para el 9 de julio, un día clave que incluyó movilizaciones de jubilados y trabajadores, así como el cierre del plazo para la presentación de alianzas electorales.

El senador radical Martín Lousteau ha convocado a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para discutir el asunto, con una reunión programada para el próximo martes. Las denuncias coinciden en señalar que, de comprobarse, estos hechos representarían una grave amenaza para la democracia, ya que el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe la vigilancia de personas por su opinión política o pertenencia a organizaciones sociales.