Una de las prácticas más graves es la existencia de jueces que ejercen sin rendir protesta formal. La Fiscalía General de la República investiga al menos 11 casos de jueces «cachirules» en Yucatán. Han dictado resoluciones sin tener nombramiento legal.

El Consejo de la Judicatura reconoce que varios jueces iniciaron funciones sin haber sido legalmente nombrados. Eso configura el delito de usurpación de funciones. Sin embargo, no hay ceses, no hay sanciones. Por el contrario, se buscan mecanismos para blindarlos

Cada uno de estos magistrados cobra mensualmente 98 mil pesos, y al concluir se van con una «compensación» de retiro de más de 2 millones 369 mil pesos. Los jueces viven en privilegio, blindados por leyes que ellos mismos proponen

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán, la justicia

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