La polémica en Jumilla es la protagonista de los primeros días de agosto. La decisión del ayuntamiento de limitar el uso de centros deportivos para ciertas actividades - excluyendo así el rezo musulmán - vuelve a ser, por segunda semana consecutiva, el arma política entre los partidos.

Desde el Gobierno ya han presentado un requerimiento para anular el acuerdo porque entienden que "atenta contra la libertad religiosa". El Ejecutivo busca así frenar en seco la polémica e impugnar el pacto, aunque es un acuerdo que aún no se ha puesto en marcha. "Defenderemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa", ha explicado el ministro Félix Bolaños en redes sociales. "Frenaremos sus medidas ultras", ha incidido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Desde

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