El Gobierno ha comenzado esta semana a trasladar a la península al millar de jóvenes solicitantes de asilo que están acogidos en Canarias, cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo. El Partido Popular ha utilizado la decisión judicial para atormentar al Ejecutivo en su habitual campaña de desprestigio, aunque los dirigentes autonómicos populares no se oponen a recibir a estos chicos en los centros estatales. Sí sigue maniobrando para boicotear el traslado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a quien la dirección del PP deja sola.

Los chicos llegan además en un clima de tensión por el incremento de hostilidades hacia la inmigración que ha alentado la ultraderecha este verano. El PP y Vox llegaron a un acuerdo para prohibir el rezo musulmán en los espacios públicos de Jumilla, por ejemplo. El Gobierno de Pedro Sánchez trata de impedir que dicho veto se materialice.