La Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido inhabilitar al juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía. Esta medida se toma en el contexto de causas presentadas por la Municipalidad de Santiago relacionadas con delitos en liceos emblemáticos. La decisión se produce tras una querella presentada por el alcalde Mario Desbordes, quien denunció incidentes de violencia, incluyendo la quema de un bus RED cerca del Internado Nacional Barros Arana (INBA).

El conflicto se originó el 13 de junio, cuando un grupo de encapuchados incendiaron el bus. Desbordes presentó una querella por delitos de incendio, lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y lesiones. Sin embargo, el juez Urrutia declaró inadmisible la querella, argumentando que una municipalidad no puede querellarse por delitos comunes. Esto llevó al alcalde a presentar un recurso de recusación contra el magistrado.

Desbordes argumentó que Urrutia había actuado de manera arbitraria, señalando que durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler, se habían admitido querellas similares. Además, el alcalde alegó que el juez tenía una animadversión personal hacia él, sustentada en una querella previa que Urrutia interpuso por calumnias. En respuesta, Urrutia negó cualquier enemistad, explicando que la municipalidad y el alcalde son entidades jurídicas distintas.

La Corte de Apelaciones, tras revisar los antecedentes, concluyó que existían razones suficientes para cuestionar la imparcialidad del juez. El tribunal determinó que la independencia y la imparcialidad de los jueces son fundamentales, y que en este caso, no se cumplían. Se citó el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que un juez puede ser recusado si tiene enemistad o resentimiento hacia alguna de las partes.

Finalmente, la Corte acogió la solicitud de inhabilitación, lo que significa que Urrutia no podrá participar en la causa relacionada con la quema del bus ni en otras investigaciones donde la Municipalidad de Santiago sea parte. Esta decisión marca un hito en el manejo de casos judiciales relacionados con la violencia en los liceos emblemáticos de la capital.