Christopher Landau, la segunda figura más importante de la diplomacia estadounidense, llegó a Bogotá para asistir a las exequias del senador Miguel Uribe Turbay. Uribe Turbay falleció el 11 de agosto tras un atentado ocurrido hace dos meses. Su llegada se produce en un contexto de tensión, ya que el presidente colombiano, Gustavo Petro, había amenazado con impedir su ingreso al país. Petro expresó que consideró esta opción debido a declaraciones que consideró insultantes por parte de Landau. "Yo podría impedirlo. Y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos", afirmó el mandatario colombiano.

Landau, en una entrevista con Donald Trump Jr., había manifestado su preocupación por la situación en Colombia y su deseo de acompañar a la familia de Uribe. "Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato", comentó. También hizo referencia a la historia política de Colombia, mencionando que Miguel Uribe fue atacado en un contexto de polarización política, aludiendo a la trayectoria de Petro como exmiembro de la guerrilla del M-19.

En respuesta a ser catalogado como "comunista" por Landau, Petro defendió su postura, afirmando que ha leído a Marx y que su enfoque ha sido práctico, buscando evitar una depresión económica en Colombia. "Lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica", dijo el presidente.

Christopher Landau nació en España en 1963 y ha tenido una carrera diplomática notable. Se graduó summa cum laude de la Groton School y obtuvo una licenciatura en historia en Harvard College. Antes de ser embajador en México, trabajó como abogado en el bufete Kirkland & Ellis y luego en Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Nombrado embajador por Donald Trump en 2019, se centró en temas de migración y comercio. En 2025, fue confirmado como secretario de Estado Adjunto, siendo el número 23 en ocupar este cargo. Recientemente, criticó la decisión judicial que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, señalando que afectaba la independencia judicial en Colombia.