La Cámara de Diputados de Uruguay ha dado un paso significativo hacia la legalización de la eutanasia. En una votación que se extendió por más de doce horas, el proyecto de ley fue aprobado con 64 votos a favor y 29 en contra. Esta iniciativa, impulsada por el Frente Amplio, establece que la eutanasia podrá ser solicitada por personas que padezcan condiciones que les impidan vivir con dignidad.

El texto, conocido como "Muerte digna", ahora se enviará al Senado para su revisión y votación final. Se espera que el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, apruebe el proyecto antes de fin de año. Si se promulga, Uruguay se convertiría en el primer país de América Latina en regular la eutanasia a través de la legislación, siguiendo el ejemplo de Colombia y Ecuador, que despenalizaron esta práctica mediante fallos judiciales.

El proyecto permite que cualquier persona mayor de edad y "psíquicamente apta" pueda solicitar la eutanasia si se encuentra en una etapa terminal de una enfermedad incurable o si sufre de un dolor insoportable. El diputado Federico Preve, del Frente Amplio, destacó que esta ley habilita el derecho a morir con dignidad y asegura un sistema de garantías para quienes decidan acelerar el proceso de final de su vida.

Para solicitar la eutanasia, el paciente debe hacerlo de manera personal y por escrito. Se requerirá la opinión de dos médicos, uno tratante y otro independiente, para garantizar que se cumplan las condiciones establecidas. En caso de desacuerdo, se formará una junta médica para resolver la situación.

El debate sobre la eutanasia ha sido intenso y ha generado posturas encontradas. Mientras que algunos legisladores, como Ope Pasquet, argumentan que la ley respeta la libertad individual y la solidaridad hacia quienes sufren, otros, como el diputado Rodrigo Goñi, advierten sobre los riesgos de desproteger el derecho a la vida. Goñi sostiene que la legalización de la eutanasia podría llevar a presiones sobre los enfermos y propone que se prioricen los cuidados paliativos.

El proyecto de ley ha sido objeto de un amplio debate social y político desde 2019, cuando se presentó por primera vez tras el caso de Fernando Sureda, quien abogó por la legalización de la eutanasia debido a su sufrimiento por esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Con la aprobación en Diputados, Uruguay se acerca a un cambio histórico en la legislación sobre el derecho a decidir sobre el final de la vida.