Los fallos judiciales en casos de abuso sexual suelen estar en el centro del debate público, sobre todo cuando las penas impuestas no incluyen prisión efectiva.

La tensión entre el cumplimiento estricto de la ley, las pruebas disponibles y la expectativa social de castigo genera reacciones encontradas tanto en la opinión pública como en ámbitos judiciales y legislativos.

En muchos casos, la reducción de una condena o la aplicación de una pena en suspenso es vista por sectores de la sociedad como una señal de impunidad o de desprotección hacia las víctimas. Sin embargo, para los jueces, estos fallos suelen basarse en criterios técnicos: la falta de agravantes, la ausencia de antecedentes penales o los límites establecidos por el Código Penal.

Este escenario vuelve a estar sobre la mesa t

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