Canarias enfrenta con desánimo la derivación de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península. Después de 141 días de espera desde que el Tribunal Supremo ordenara al Estado que integrara a los niños con derecho a protección en la red de centros especializados, solo han salido de las Islas 10 jóvenes malienses . Desde el Gobierno de Canarias, este gesto se interpreta como un intento de «taparles la boca». La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, considera que se trata de una acción meramente cosmética, orientada a proyectar una apariencia de cumplimiento ante el alto tribunal . Lo que en un principio parecía un rayo de luz al final del túnel se ha convertido en una « incertidumbre constante» para las Islas.
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