El expresidente peruano Martín Vizcarra ha sido sentenciado a cinco meses de prisión preventiva mientras enfrenta un juicio por presuntos actos de corrupción. La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien consideró que existe un riesgo de fuga debido a la falta de arraigo familiar y laboral del exmandatario. Vizcarra, que fue gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, está acusado de recibir sobornos que superan los dos millones de soles, aproximadamente 611,000 dólares, durante su gestión.

La Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión por cohecho pasivo propio, un delito que implica aceptar sobornos a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos. En particular, se le señala por su participación en el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de Moquegua, ambos marcados por pagos ilícitos.

El juez determinó que los contratos laborales recientes de Vizcarra no eran suficientes para demostrar un vínculo sólido con su domicilio, ya que su familia reside en Moquegua mientras él vive en Lima. Tras la lectura de la resolución, Vizcarra fue retirado en silencio de la sala de audiencias y trasladado a un establecimiento penitenciario para internos con condiciones especiales.

La reacción política no se hizo esperar. La congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, expresó su satisfacción por la decisión judicial, afirmando que "el ‘Lagarto’ Vizcarra terminó donde tenía que terminar… en la cárcel". Por su parte, el parlamentario Alejandro Muñante también de Renovación Popular, destacó que Vizcarra se une a otros expresidentes condenados por corrupción, como Toledo, Humala y Castillo.

Sin embargo, no todos apoyan la medida. Juan Sheput, exministro, cuestionó la duración de la prisión preventiva, sugiriendo que el juez debería haber dictado una sentencia más contundente. Alejandro Salas, exministro de Pedro Castillo, defendió a Vizcarra, recordando que tanto el Ejecutivo como el Legislativo enfrentan serias acusaciones de corrupción.

El caso de Vizcarra se suma a una larga lista de expresidentes peruanos involucrados en escándalos de corrupción, reflejando una crisis política e institucional en el país. Desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo, casi todos los jefes de Estado han enfrentado procesos judiciales por delitos graves, lo que ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y ha generado un clima de desconfianza hacia la clase gobernante.