La decisión del gobierno de Mendoza de reforzar por resolución el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación y habilitar sanciones a padres, tutores o cuidadores que no vacunaron a niños, niñas y adolescentes -con multas de entre 200 y 800 unidades fiscales (hoy entre $84 mil y $336 mil), arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios- activó un debate sanitario y jurídico en todo el país.

Según publicaciones provinciales y nacionales, el protocolo estableció un plazo de 30 días para regularizar la situación antes de la denuncia contravencional y se apoyó en la Ley nacional 27491, que declaró de interés público la vacunación y su carácter obligatorio.

En ese contexto, Luis Obeid, pediatra y exdiputado provincial, criticó la orientación punitiva de la medida. Obeid calificó

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