La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado formalmente al Congreso la reapertura de la denuncia constitucional contra la exfiscal Patricia Benavides. Este pedido se produce tras la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar el caso el pasado 25 de julio. Espinoza argumenta que el procedimiento que llevó al archivo fue nulo y vulneró principios del debido proceso y de legalidad.

En su solicitud, la fiscal expone que la Subcomisión cerró el expediente sin evaluar el fondo de la denuncia, que incluye imputaciones por delitos como cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado. Espinoza sostiene que estas acusaciones deben ser revisadas de manera integral y conforme al marco legal aplicable, ya que el procedimiento anterior presenta "vicios esenciales" que lo invalidan.

La fiscal pide que la Comisión Permanente declare la nulidad de la tramitación de la Denuncia Constitucional n.º 602-2021-2026. En su documento, se señala que la Subcomisión incurrió en un "uso arbitrario del poder" al archivar el caso sin una motivación adecuada, lo que, según el Ministerio Público, atenta contra el principio del Estado de Derecho.

Espinoza enfatiza que las decisiones parlamentarias deben cumplir con estándares de motivación y justificación, especialmente en denuncias que involucran a altos funcionarios públicos. La nulidad permitiría que la denuncia sea admitida nuevamente y evaluada de forma imparcial.

La acusación contra Benavides incluye presuntos delitos cometidos durante su gestión, como tráfico de influencias y encubrimiento personal agravado, además de supuestas comunicaciones con el exjuez César Hinostroza, quien está vinculado al caso "Cuellos Blancos del Puerto". También se mencionan irregularidades en el nombramiento de un fiscal del equipo especial "Cuellos Blancos" y en la exclusión de una investigación penal.

La Fiscalía ha argumentado que el antejuicio político debe ser un mecanismo de protección funcional para altos funcionarios, y que su finalidad no debe ser utilizada para obstaculizar el control legal y la rendición de cuentas. La declaración de nulidad es vista como necesaria para mantener el equilibrio entre poderes y garantizar la correcta aplicación de las normas constitucionales.

Este es el tercer intento de reabrir una denuncia constitucional contra Patricia Benavides, ya que las anteriores también fueron archivadas por la Subcomisión. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la existencia de decisiones previas de archivo no impide una nueva evaluación si se detectan irregularidades en los procedimientos anteriores.

La solicitud de Espinoza ha generado reacciones diversas en el Congreso. El congresista Fernando Rospigliosi ha calificado el pedido como una "obsesión" contra Benavides, criticando que la Fiscalía se enfoque en este tema en lugar de priorizar la lucha contra la delincuencia. Por otro lado, la congresista Ruth Luque ha señalado que existe una mayoría en el Parlamento que evita investigar ciertos casos y ha respaldado la reapertura del proceso.