El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, ha señalado que los alarmantes índices de extorsión y sicariato en La Libertad son consecuencia del "fracaso de las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional". Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP TV, Salhuana afirmó que el gobernador regional, César Acuña, no es directamente responsable de la creciente criminalidad en la región.

Recientemente, un atentado con explosivos en Trujillo dejó siete heridos y causó daños en más de 20 viviendas. Salhuana enfatizó que la responsabilidad de la seguridad recae en la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininte), mientras que los gobiernos regionales deben colaborar en esta tarea. "En La Libertad se han invertido más de 80 millones de soles y se han adquirido equipos", destacó.

El congresista consideró inaceptable el ataque en Trujillo y subrayó la necesidad de que la sociedad se una en la lucha contra la criminalidad. "César Acuña no ha tenido la conducción del país ni ha manejado el Ministerio del Interior o la Policía Nacional del Perú", afirmó Salhuana.

Además, el legislador advirtió sobre el déficit de efectivos policiales, señalando que se requieren 300,000 agentes, pero solo hay 140,000. También mencionó la corrupción dentro de la institución y la falta de logística adecuada como factores que han debilitado la capacidad de respuesta del Estado. "Si uno revisa la estadística, ¿cuántos policías al año son dados de baja por procesos disciplinarios y casos de corrupción? No son cientos, son miles. Entonces, hay un problema de fondo", explicó.

Frente a este "problema estructural", Salhuana propuso declarar en emergencia a la Policía Nacional y llevar a cabo una "reorganización completa y total" que fortalezca áreas clave como la inteligencia. En relación al pedido de César Acuña para instaurar un estado de sitio en la región, el congresista consideró que esto refleja "una voluntad política de tomar medidas severas y drásticas", aunque advirtió que su implementación podría enfrentar problemas de constitucionalidad y no correspondería legalmente.