Por décadas, el sistema judicial de Estados Unidos ha sido considerado una de las columnas más sólidas de su democracia: un poder independiente, diseñado como contra peso para garantizar que ni el Ejecutivo ni el Legislativo estén por encima de la ley.

Pero desde enero, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, este ha lanzado un asalto frontal contra los tres pilares que sostienen ese sistema -jueces, abogados y la independencia del Departamento de Justicia- redibujando en el proceso las fronteras institucionales y planteando serios interrogantes sobre el futuro del Estado de derecho en Estados Unidos.

Los ejemplos abundan. Desde la descalificación pública de jueces por emitir fallos contrarios a sus intereses -rayando a veces con el desacato- y la destitución de fiscales que invest

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