Este viernes a las 8 de la mañana se llevará a cabo una audiencia en Bogotá para determinar el fallo contra los abogados Diego Cadena Ramírez y Juan José Salazar. El juez tercero de conocimiento decidirá si los juristas son culpables o inocentes de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La Fiscalía General ha solicitado un fallo condenatorio contra Cadena, quien fue representante del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y Salazar, quien trabajaba en la oficina de Cali.

La Fiscalía sostiene que Cadena realizó varias visitas a centros penitenciarios, como La Picota y Cómbita, con el objetivo de persuadir a exparamilitares para que firmaran documentos en los que se retractaban de acusaciones contra Uribe. Estos encuentros se habrían producido en febrero de 2018, cuando Cadena contactó a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, conocido como Víctor. Durante estas reuniones, se les urgió a firmar documentos de retractación que debían ser presentados ante la Corte Suprema, que había iniciado una investigación sobre Uribe por manipulación de testigos.

El fiscal argumentó que a Monsalve se le ofreció asesoría jurídica para revisar su condena de 40 años de prisión o para que su caso fuera remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto se hizo con la intención de que firmara un documento redactado por Cadena, en el que se retractaba de sus declaraciones contra Uribe y acusaba al senador Iván Cepeda de estar detrás de este complot.

Además, Cadena intentó convencer a Deyanira Gómez, en un establecimiento comercial en Bogotá, para que presionara a su pareja a firmar la retractación. La Fiscalía también alegó que Cadena ofreció beneficios económicos a Carlos Enrique Vélez para que se retractara y acusara a Cepeda. En este contexto, se mencionó que empleados de la oficina de Cadena, incluido Salazar, entregaron dinero en efectivo a familiares de Vélez. Salazar admitió haber entregado dinero, pero lo calificó como "ayuda humanitaria" para un hijo enfermo de Vélez, aunque la Fiscalía considera que no hay soporte jurídico para esta afirmación.

Otro punto de la acusación se centra en Eurídice Cortés, alias Diana, exjefa política del Bloque Pipintá de las AUC. En 2018, Diana envió un video a la Corte Suprema en el que afirmaba que Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, había mentido en sus declaraciones contra Uribe. La Fiscalía sostiene que Cadena le entregó dinero a Diana para que hiciera esta declaración. Sin embargo, Diana declaró que Cadena solo le ayudó con los pasajes de bus para asistir a la Corte, ya que no tenía recursos para viajar de Manizales a Bogotá.

La Fiscalía ha presentado pruebas de las presiones ejercidas por Cadena sobre otros exparamilitares, como Fauner José Barahona, alias Racumín, y John Jaime Cárdenas, alias Fosforito, en un caso que ha captado la atención pública y que podría tener implicaciones significativas en el ámbito político.