Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), podría haber sido localizado en Nicaragua, según documentos oficiales. Este exfuncionario es prófugo de la justicia colombiana por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con Noticias RCN, González habría conseguido residencia legal en Nicaragua con el apoyo del Gobierno colombiano. La regularización de su estatus migratorio se habría concretado el 21 de mayo de 2024, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos.

Los documentos indican que una carta de la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó la regularización del estatus migratorio de González. En la carta se menciona que González se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024 y que no ha salido del país desde entonces. La embajada pidió apoyo para renovar su residencia, que vence el 14 de junio de 2025.

Las autoridades nicaragüenses habrían instruido a González para que se presentara en Migración en Managua y pagara 56 dólares por el trámite. La coincidencia de fechas entre la gestión diplomática y la imputación de cargos ha suscitado interrogantes sobre una posible coordinación entre las autoridades colombianas y el proceso judicial, lo que alimenta sospechas de protección institucional.

A pesar de que la Fiscalía y la Policía de Colombia tienen una orden de detención en su contra, la efectividad de esta medida fuera del país depende de un trámite pendiente ante Interpol. Desde el 4 de julio, la Fiscalía notificó a Interpol para que emitiera una circular roja que permitiera la detención de González en cualquiera de los más de 190 países miembros. Sin embargo, más de un mes después, no ha habido respuesta de la oficina central de Interpol en Lyon, Francia.

Esta demora ha generado inquietud entre los investigadores colombianos, quienes consideran que la emisión de la circular suele ser un procedimiento casi automático, a menos que existan dudas sobre la naturaleza judicial de la solicitud. La falta de la circular roja significa que, si Carlos Ramón González es localizado fuera de Colombia, no hay un mecanismo internacional que permita su detención inmediata.

Fuentes cercanas al proceso de la Ungrd han señalado que esto implica que, si el exalto funcionario del gobierno de Gustavo Petro es abordado en otro país, quedará libre, ya que la circular roja no está vigente. Esta situación ha alimentado sospechas sobre posibles obstáculos burocráticos o consideraciones políticas en la tramitación del pedido.

En el ámbito nacional, la orden de captura sigue vigente. El magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, ha determinado que González debe ser privado de la libertad por la gravedad de los hechos en los que estaría involucrado como presunto cerebro de la red de sobornos. La situación sigue en desarrollo.