En medio de la pobreza actual —y la que inevitablemente crecerá— es previsible una mayor diversidad de marginalidades y exclusiones sociales. Ante esta realidad, el próximo gobierno democrático y sus técnicos en cada sector deberán diseñar un esquema legal de emergencia financiera en políticas públicas para la promoción, construcción y venta de nuevas viviendas y urbanismos.

Los nuevos técnicos-políticos, con sus programas de acción, deben impedir el crecimiento de las marginalidades, respaldar la vivienda privada e incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios en el menor tiempo posible.

El Estado es el único responsable de activar e implementar políticas de vivienda exitosas, definiendo con precisión las acciones a seguir; Una de ellas es mediante carteras financieras segmentadas seg

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