La norma que otorga impunidad para quienes aún no han cumplido con la justicia encubre su auténtica finalidad. Lejos de buscar honrar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú, el objetivo que guió la firma que deshonra a la memoria de la Patria es la búsqueda de mayor blindaje para la presidenta.

El artificio radica en invocar el conflicto armado interno como suerte de trueque con la mayoría parlamentaria conservadora y autoritaria para legitimar la impunidad de quienes, en 2022 y 2023, ordenaron o ejecutaron la represión contra manifestantes, dejando decenas de muertos y heridos.

El Congreso le ha tendido la llave de una salida anticipada de la justicia, y ella no ha vacilado en hacerla girar. Se trata, entonces, de un seguro político para la propia Boluarte y para quienes

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